lunes, 19 de diciembre de 2011

¿Por qué la oposición quiere otorgarse “plenos poderes”?


ANÁLISIS

Si quieren reformar la Constitución a su medida la vía está ahí para convocar a una Constituyente.

Orlando Pérez, Subdirector
Cuando más democrática se declara, hay algunos miembros de la oposición, afincada y atrincherada en la Asamblea, que más revelan su condición conspirativa, disfrazada de reformismos legales y hasta de aperturas políticas. Y por eso no dan la cara para explicar por qué quieren plenos poderes. 
Vayamos por partes: el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo trabajaron bajo la misma lógica antidemocrática de siempre: de espaldas a la gente, para servirse del Presupuesto General del Estado concediendo a cada legislador un asesor más, arrogándose funciones que la Constitución no les otorga, buscando una hendija por dónde remover a las autoridades legítimamente electas y a aquellas que por vía de la fiscalización no han podido demostrar que han cometido delitos políticos.
¿Quiénes estuvieron detrás de esas “modificaciones” puntuales al proyecto de reforma? Ninguno de los legisladores de oposición han dado la cara para explicar las razones para fiscalizar a jueces, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y para destituir a las autoridades de la misma Asamblea. Salvo por la decente y hasta honrosa acción del asambleísta del Prian, Vicente Taiano, quienes se declaran demócratas (César Montúfar, “Dalo” Bucaram, María Paula Romo o Paco Moncayo) no han dicho pío sobre ese absurdo supuestamente jurídico.
¿Por qué? Pues por la simple y peluda razón de que dejan a los más “descarados” caer en la trampa de la politiquería como en los viejos tiempos de la llamada partidocracia, cuando todo era posible aprobar o “tumbar” con menos de treinta votos.
¿Qué dice el llamado bloque de izquierda? ¿Por qué tanto jolgorio de Lourdes Tibán, Marco Murillo y Jorge Escala cuando suponían tener los votos para ganar esa reforma y consolidar otro esquema, inconstitucional, de ejercicio parlamentario? ¿Quizá porque apuestan junto a Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y los denominados independientes a colocarse al frente de las comisiones, contar con más asesores (si solo se aumentara uno extra por los 124 asambleístas el egreso para el Estado sería de 5 millones de dólares anuales), “asaltar” la presidencia y vicepresidencia sin un motivo ni justificativo contemplado en la Constitución? ¿Esa izquierda “desencantada” ahora funciona y opera a la perfección con la derecha y con el populismo gutierrista para arrogarse plenos poderes justamente para el próximo año que muchos ya lo catalogan como período electoral?
Cuentan que al interior de la oposición parlamentaria hubo desde jalada de pelos y hasta escupitajos al piso por haberse revelado los artículos de la reforma donde aparecieron intenciones golpistas, al mejor estilo de Sociedad Patriótica. Y dicen que esos demócratas que demandan todos los días libertad de expresión tuvieron que esconder el rostro de las cámaras y de los acuciosos cronistas parlamentarios cuando se les preguntó quién redactó el “mamotreto” jurídico, como lo habría calificado un jurista-asesor de la misma oposición (claro en los pasillos, no ante los micrófonos).
Entonces, vayamos a lo de fondo: la fiscalización. Para toda la oposición, pasando ahora por César Rodríguez y Betty Amores, llegando hasta Cintya Viteri y Galo Lara, esa no es una prerrogativa jurídica sino una plataforma electoral, al mejor estilo de León Febres Cordero. El ex presidente y ex alcalde de Guayaquil sentó cátedra y un modelo para llegar a la presidencia haciendo de los juicios políticos el show por excelencia. Pero eso fue en unas épocas donde la institucionalidad era otra y la información fluía de otra manera. ¿O ya olvidamos cómo llegaron a sus manos los documentos donde “revelaba” los negociados de las muñecas de trapo?
Si como prerrogativa jurídica y una herramienta democrática que es tendrían la obligación de preparar adecuadamente sus argumentos políticos. Y no lo hacen, aún cuando, de ser cierto, la gestión de algunos ministros no haya sido la mejor, como el propio Presidente de la República lo ha confesado.
Los “fiscalizadores” quieren trofeos y cabezas cortadas para colocar en sus afiches y estandartes. ¿Legítimo? Quizá sí, pero para llegar a eso no solo hace falta auspicio y pantalla, sobre todo demanda investigación y argumentos legales de fondo, solventados con toda la rigurosidad, ahí si, política del caso y frente a la historia.
Pero como con los ministros no les basta, en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Legislatura incluyeron a jueces (¿estaban pensando en Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar?), alcaldes y prefectos (¿se les ocurrió por decir algo en Augusto Barrera, Paul Granda y en Jimmy Jairala?)
Y navega otra pregunta: ¿Por qué quieren eliminar el derecho de ellos mismo para pedir licencias? ¿Temen acaso que algunos de los actuales asambleístas puedan ser candidatos en el futuro y arrebatarles alguna pretensión electoral? ¿No dicen ellos que la oposición de derecha e izquierda tienen el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano?
Son tan democráticos y creativos esos asambleístas que elaboraron el proyecto de reformas y propusieron que con solo el 10% de los legisladores, en el segundo debate de cualquier proyecto de ley, se revisen uno o más artículos, que “podrán superar el 5% del proyecto”. ¡Habrase visto!
Y lo más sorprendente, por decirlo diplomáticamente, fue lo que se ingeniaron para la muerte cruzada. Leamos: “Con el mismo padrón utilizado para la última elección presidencial; y con aquellos partidos inscritos hasta esa fecha y  los que participaron en las últimas elecciones” se podría hacer efectiva la elección tras la decisión de la llamada “muerte cruzada”.
Tan inocente todo que ninguno de los comentaristas mediáticos y opositores que se fijan en cada detalle de la gestión política del Gobierno se percataron de los alcances de la “bondadosa” reforma. De aplicarse tendríamos a partidos prácticamente extintos y otros en ese proceso (como la Izquierda Democrática, que no sale de su crisis interna, achacada a sus dos últimos directores nacionales) tendrían las mismas garantías y condiciones que aquellos que se han ganado el respaldo popular, no solo en las urnas sino en la adhesión de nuevos militantes y simpatizantes.
Pero con algo más: con ese argumento los nuevos electores, inscritos desde el año 2009 no podrían participar. Eso quiere decir que los jóvenes entre 16 y 19 años serían excluidos de votar, por el mandato “divino” de la “oposición más democrática” del Ecuador. ¿Cómo le explican a esas generaciones los asambleístas tamaña monstruosidad jurídica? ¡El derecho constitucional a la participación no puede ser restringido por ninguna ley y menos por una que regula a una institución como la Asamblea Nacional!
Si la intención era llenarse de plenos poderes, la misma Constitución que dice defender (pero en la práctica ahora quieren eliminar o reformarla a su gusto) les propone el mecanismo para convocar a una Constituyente. No hay que desviarse por vericuetos y maniobras clásicas de quienes por la vía del golpismo y la conspiración quieren desconocer el pronunciamiento popular, que es sagrado.

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